Las Defensorías de Córdoba, La Pampa, Jujuy, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero manifestamos nuestro rechazo y conmoción frente al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica.
El derecho a la salud integral y al acceso a las mejores prestaciones posibles está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en nuestro país posee jerarquía constitucional.
El Estado y la sociedad en su conjunto tienen la obligación indelegable de garantizar este derecho. Las niñas y los niños se encuentran amparados por el principio de Protección Especial, y el respeto a su Interés Superior impone otorgarles siempre los máximos beneficios en materia de salud y cuidados.
Una República en donde no se respeten las decisiones democráticamente tomadas y en la cual no se ponga en el centro los derechos consagrados para infancias y adolescencias, corre con un destino de desigualdad, no solo en el presente, sino también en la sociedad que necesitamos construir.
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